La Contraloría General del Estado (CGE) expresó este viernes su apoyo a la ampliación del plazo a seis meses para el arraigo a exautoridades, a fin de precautelar la supervisión y el control de recursos humanos.
“Aplaudimos la decisión de la Cámara de Senadores por el hecho de que la ley 1350 que data de diciembre de 2020 ¿Qué es lo que ha ocasionado? El plazo de tres meses ha sido insuficiente para que se pueda efectuar el análisis correspondiente a las rendiciones de cuentas, a los informes de las exautoridades que nos den una garantía al pueblo boliviano que sus gestiones han sido transparentes; que el uso de los recursos públicos que están siendo precautelados, y además que permita continuar gestiones públicas. Eso es lo que buscamos como institución técnica, independiente, objetiva como Contraloría”, expresó en una conferencia de prensa la contralora General del Estado, Sandra Quiroga.
La autoridad explicó que, ante la aprobación del proyecto de ley que amplía a seis meses el tiempo de arraigo para exautoridades, es importante que la medida se apruebe en la Cámara de Senadores, con el fin de precautelar los intereses del Estado.
“Estamos a la espera que el pleno de la Asamblea Legislativa apruebe la ley de ampliación de plazo, no obstante, ello; la Contraloría está trabajando arduamente las rendiciones de cuentas, los informes de actividades, y el uso adecuado de los recursos públicos. También es importante aclarar que la Contraloría no cesa sus funciones ahí”, dijo la autoridad en otro acápite de la rueda de prensa.
Quiroga, precisó que el ejercicio de sus funciones requiere analizar a detalle los documentos, informes y evidencias acerca del uso de los recursos públicos, a fin de identificar o descartar posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Aclaró, además, que la ampliación del plazo no implica la presunción de culpabilidad; por el contrario, es una medida preventiva de carácter administrativo, orientado a garantizar la transparencia, rendición de cuentas y eficacia del control gubernamental.
Finalmente, dijo que se hizo la solicitud a la Dirección General de Migración para que tome los recaudos respectivos para evitar que estos exfuncionarios dejen el país.
