Por Iván Meneses Dick – Urbano TV Periodismo
En el Centro Producción Penitenciaria San Pedro de Oruro, al llegar la noche no trae paz. Trae problemas forzados para conciliar el sueño. Entre cubículos de 4 pisos que apenas dan el ancho, cuerpos que se pegan unos a otros y colchones de paja directamente sobre el suelo helado, tres o hasta cuatro hombres deben compartir un rincón diseñado para uno solo. Algunos, como el privado de libertad Rosendo Ticona, pasan las horas de madrugada en una única postura: de lado, totalmente inmovilizados.
«Estamos tan pegados que dormimos apretados. No hay manera de darte la vuelta, tienes que estar en el mismo costado toda la noche», cuenta Ticona, mientras acomoda una manta vieja y usada que apenas le sirve de cobijo. Lleva dos años tras las rejas. Al principio, su cama eran las gradas de la escuelita en la primera sección; luego, el suelo. «Aquí no se descansa de verdad. El cuerpo te duele y lo único que te dan son pastillas para aguantar», dice con una voz que suena a rendición, ahora se encuentra en el asilo del penal, pero aun duerme en el piso.
Un albergue para 300, hogar de 1.800
El Centro Producción Penitenciaria San Pedro de Oruro fue construida para cobijar a 300 privados de libertad. Hoy, en sus muros viven más de 1.800 almas. La propia directora departamental de Régimen Penitenciario, la Dra. Benigna Paredes, confirma esta cifra, admitiendo que la superpoblación es, por lejos, el escollo más grande para la gestión carcelaria.
«El penal de San Pedro alberga actualmente a 1.789 personas privadas de su libertad. Estamos trabajando codo a codo con el Ministerio de Gobierno para extender el decreto presidencial del indulto, una herramienta vital para aliviar la presión asfixiante en los centros del país», explica la directora.
Estos números son una emergencia estructural que afecta tanto a los sentenciados como a aquellos que aún esperan una resolución judicial. De acuerdo con los testimonios recogidos, más del 60% de los internos de San Pedro están bajo detención preventiva, una realidad que multiplica la escasez de espacio y de recursos.
“Sobrevivimos como podemos”
Aarón Martínez, otro interno, ya perdió la cuenta de los días que han pasado desde la última vez que vio a su familia. Aunque tiene sentencia, siente que el sistema de justicia simplemente lo ha olvidado. «Aquí adentro solo sobrevivimos como podemos. En una prisión creada para 300, somos cerca de 1.800. Esto es completamente inhumano «, lamenta.
Martínez critica que, si bien las autoridades visitan el penal con regularidad, sus denuncias caen en saco roto. «He conversado con Derechos Humanos, con el Defensor del Pueblo. Todos vienen, escuchan nuestras quejas y se marchan.
Pero nadie se queda a sentir lo que vivimos aquí «, se queja con amargura y tristeza en los ojos.
Sus palabras son mucho más que descontento: son puro agotamiento. Las condiciones de vida internas pisotean derechos fundamentales, reconocidas tanto en la Constitución boliviana como en acuerdos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que exigen tratar a toda persona detenida con humanidad y respeto por su dignidad.
Presos de su libertad… y de sus derechos
David, un recluso que ha cumplido ya cinco años y medio de su condena, protesta porque el sistema ignora sus esfuerzos por estudiar y trabajar dentro de la prisión.
«Nos ponen obstáculos para la redención, ya sea por ser extranjeros o por simple discriminación. Hay compañeros que ya han cumplido más de la mitad de su pena y por ley deberían estar libres, pero siguen aquí encerrados», asegura con frustración.
Según su vivencia, el hacinamiento ha alcanzado límites críticos: “Cuando llegamos éramos menos de 500. Hoy somos más de 1.800. Hay gente que tiene que dormir sentados en las escaleras”.
En un ambiente así, el estrés y los roces son pan de cada día. «Cada persona tiene un carácter. Aquí nadie amanece con buen humor. Solamente para que nos sirvan la comida, la espera es de una hora y media debido a la cantidad de gente», detalla.
Una luz: el perdón presidencial
El Gobierno está avanzando con un nuevo decreto de indulto, aprobado recientemente por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que aspira a beneficiar a bienes con delitos menores o en situación de vulnerabilidad.
«En el penal de mujeres, la mitad de la población podría ser elegible. En San Pedro todavía no tenemos un número exacto, pero ya estamos preparando las listas de candidatos», confirma la directora Benigna Paredes.
No obstante, los propios internos mantienen sus dudas. «Los indultos llegan, sí, pero son pocos los que realmente consiguen salir. Siempre falta un papel, un abogado, o simplemente no hay plata«, comenta un reo mientras intenta ordenar su diminuto espacio de 50 cm de ancho y 25 cm de alto y poder salir en el patio principal.
Centros con potencial productivo, sin el espacio para serlo
Desde 2021, Régimen Penitenciario promueve la idea de “cárceles productivas”: talleres, estudios universitarios y oficios para fomentar la reinserción social. Pero la realidad al interior del penal es otra. Sin espacio físico, sin las herramientas necesarias y con una población desbordada, el acceso a la educación y al trabajo se convierte en un lujo reservado a unos pocos.
“Nuestro objetivo es que los centros sean productivos, que las personas puedan adquirir un oficio para reinsertarse”, defiende Paredes. Sin embargo, tras los muros del penal, esa promesa se siente lejana, casi inalcanzable.
«Nosotros buscamos la forma de trabajar, vendiendo hoja de coca, haciendo artesanías o lo que se pueda. Nadie nos da nada gratis, pero tampoco nos reconocen formalmente lo que hacemos», explica David.
El peso de la detención preventiva
El Tcnl. William Rivero Mamani, director del penal de San Pedro, subraya que el alto número de detenidos sin condena tiene un impacto directo y severo en la gestión diaria del lugar.
«El 60% de quienes están aquí se encuentran en situación preventiva. Esto genera una sobrecarga crítica en toda la infraestructura, en la atención sanitaria, en la alimentación y en la seguridad. Muchos aún no tienen sentencia, pero deben coexistir en las mismas condiciones que los condenados. Esto entorpece la convivencia y hace que el hacinamiento sea aún más grave«, asegura.
Rivero hace hincapié en el esfuerzo diario del personal policial y administrativo para mantener el orden, pero reconoce que el sistema está al borde del colapso. «El penal no resiste más. Lo que se necesita son políticas de fondo, estructurales, no solo soluciones temporales».
Una súplica desde las celdas
En medio del confinamiento, los testimonios convergen en una misma súplica: ser escuchados de verdad. “Les rogaría a las autoridades que se preocupen un poco más por nosotros”, dice Aarón antes de regresar a al patio donde también no existe espacio. «Hay gente aquí que no tiene a nadie. Ni familia, ni abogado, ni una voz que los represente «.
El hacinamiento carcelario no solo oprime los cuerpos, sino que también agota el espíritu. El Centro Producción Penitenciaria San Pedro de Oruro, es, en este momento, un reflejo palpable de la deuda que el Estado mantiene con los derechos humanos.
Mientras unos rezan por un indulto y otros solo desean un colchón libre, la vida transcurre de costado, sin un centímetro para moverse, y sin el respiro necesario para soñar con la libertad.
